Francisco Conde, diputado del PP, ha manifestado que «el precio final que tiene que asumir la electrointensiva en España es tres veces superior al de Francia y dos veces superior al de Alemania, al tiempo el Gobierno es “la nada” en materia industrial por su incompetencia para establecer un precio estable y competitivo, tres años después de la aprobación del Real Decreto que regula el Estatuto de estos consumidores». Por ello, ha reclamado al Ejecutivo que «garantice también la competitividad de la planta de Alcoa en A Mariña, porque es una pena que el Gobierno se haya convertido en un problema para Galicia, Asturias, Cantabria y para el
resto del territorio donde tenemos industria electrointensiva».
Conde comentó que «la industria electrointensiva supone en nuestro país el 14,7% del PIB, genera casi tres millones de empleos directos y el 13,3% de ocupados». «La iniciativa del PP exige modificar el Estatuto e incrementar las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos por compensaciones de CO2, pasando de los 300 millones comprometidos por el Gobierno a los 896 millones que permite la Comisión Europea», explicó.
Además, la propuesta del Grupo Popular pide al Gobierno «agilizar la tramitación y activación de subastas específicas de energía renovable para consumidores industriales intensivos en energía».
