Las comarcas de A Mariña y el Occidente de Asturias atraen a muchas personas que buscan una segunda residencia. Factores como la calidad de vida, la gastronomía y el clima suave han motivado a muchos ciudadanos a regresar, al menos temporalmente, gracias al teletrabajo o la jubilación. Además, muchas personas que residen en grandes ciudades encuentran en estas zonas un refugio donde escapar del ritmo acelerado de la vida urbana, bien sea durante los meses de verano o de manera indefinida. Con el auge del trabajo en remoto, algunos han decidido trasladarse de forma permanente, mientras que otros optan por mantener una residencia en ambas localidades, lo que puede generar conflictos en la normativa del empadronamiento. Esta dualidad entre residencia habitual y ocasional ha llevado a que muchos ciudadanos se empadronen en un sitio donde no residen la mayor parte del tiempo, lo que puede traer consecuencias legales.
La obligación de empadronarse
En España, el empadronamiento es la principal forma de acreditar el lugar de residencia habitual y tiene importantes implicaciones fiscales, jurídicas y electorales. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda persona que resida en España está obligada a empadronarse en el municipio donde viva la mayor parte del año.
El padrón municipal sirve para organizar servicios públicos como la sanidad, la educación y el transporte, además de influir en la distribución de recursos estatales. Por ello, proporcionar información incorrecta o estar empadronado en un municipio donde no se reside puede suponer ventajas indebidas y afectar la planificación municipal.
Las autoridades municipales han endurecido los controles para detectar empadronamientos fraudulentos, ya que pueden afectar el acceso a servicios públicos, como centros de salud o colegios, así como la solicitud de ayudas y subvenciones que dependen del padrón, como descuentos en tasas municipales. Además, el empadronamiento determina la participación en elecciones locales, lo que puede generar distorsiones en la representación política de los municipios. La distribución de recursos municipales también se ve impactada, ya que los ayuntamientos planifican sus infraestructuras y servicios en función del número de habitantes empadronados, lo que puede provocar un reparto desigual si hay registros inexactos. Por todo ello, las administraciones han reforzado la vigilancia y han implementado mecanismos para detectar irregularidades en el empadronamiento.
La legislación estatal no establece una multa específica por residir en un lugar distinto al del empadronamiento, pero el Real Decreto 1690/1986 permite a los ayuntamientos dar de baja de oficio a quienes no vivan en la dirección registrada. Además, muchas localidades han desarrollado ordenanzas municipales que sancionan la falsedad en el padrón.
En ciudades como Madrid y Barcelona, existen mecanismos de verificación mediante inspecciones, devolución de notificaciones o denuncias vecinales. Si se demuestra que una persona no reside donde afirma, se procede a su baja y, en algunos casos, se inicia un expediente sancionador.
A pesar de la creencia de que la multa puede oscilar entre 100 y 600 euros, no existe una cantidad fija aplicable a todo el territorio. La cuantía dependerá de la normativa de cada municipio y de la gravedad del caso. En situaciones extremas, donde se detecte falsedad documental o manipulación intencionada, podría derivar en una sanción mayor e incluso en responsabilidad penal.
En la mayoría de los casos, las consecuencias de no residir donde se está empadronado suelen limitarse a la anulación del padrón y la obligación de corregir los datos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen potestad para imponer multas y, en casos graves, podría considerarse una infracción mayor. Para evitar problemas legales, lo recomendable es actualizar el empadronamiento de acuerdo con la residencia real.
