EMC denuncia que el alcalde de Tapia se ha negado a recibir información directa de la empresa

Los responsables de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), que han solicitado reiteradamente una reunión con el alcalde de Tapia de Casariego durante el último año y medio, no entienden que el actual regidor, Pedro Fernández, preguntara recientemente en los medios de comunicación sobre los datos técnicos y de empleo del Proyecto Salave al mismo tiempo que ha rechazado, una y otra vez, reunirse con responsables de la empresa para facilitárselos de primera mano.

Con las últimas noticias en relación a la paralización de inversiones de grandes empresas industriales, como es el caso de Acelormittal y los problemas de Duro Felguera, los responsables de EMC consideran grave, no sólo para Tapia, sino para toda Asturias, que no se escuche a una empresa, con un proyecto con valor de 3.000 millones de euros; un compromiso inversor real y efectivo de más de 100 millones de euros, sólo durante el primer año y medio; y una contribución directa de 400 millones de euros durante los años que esté activa la compañía. En términos de empleo, se prevé crear entre 150 y 200 empleos directos y entre 800 y 1.000 indirectos, preferentemente para residentes locales, en una comunidad envejecida, víctima del despoblamiento y que no tiene ningún otro proyecto empresarial de relieve previsto en la zona.

La empresa denuncia, además, que es una postura que resulta incomprensible en un político que representa a todos los vecinos del concejo, que mantienen posturas diferentes ante un proyecto industrial.  

Es una muestra más de la actitud contradictoria que ha mantenido el regidor con la compañía, que ha marcado un año y medio de situaciones difíciles de entender en un Estado de Derecho y que ha provocado una incomunicación absoluta de la dirección de EMC con un servidor público, sin que haya habido ningún tipo de desencuentro previo.

De hecho, su desconocimiento del proyecto y de su tramitación le ha llevado a mostrar públicamente ante los medios, entre otras interpretaciones jurídicas:

• Que la minería no estaba permitida en Tapia de Casariego, a pesar de que la empresa tiene una concesión minera de explotación vigente desde hace más de 40 años.
• Que no tenía obligación de tramitar la modificación del PGOU y que nadie podía obligarle a hacerlo, amparado en un informe realizado por un abogado externo, contratado por el Ayuntamiento y cuyo dictamen legal no era vinculante para un organismo público, por el que el Consistorio abonó 5.000 euros.
• En febrero de 2024 anunció el inicio de la tramitación «para que los técnicos hagan sus informes», según declaró en varios medios, para instruir su potestad urbanística, pero, sin embargo, no ha remitido, como es preceptivo, los documentos requeridos a los funcionarios de la  Consejería de Transición Ecológica para que ejerzan su competencia exclusiva de valoración ambiental de la modificación, y que el Ayuntamiento no puede realizar al no tener competencia ni medios para realizarla, como ha reconocido el alcalde en reiteradas ocasiones a los vecinos. Tras la decisión de tramitar, el alcalde se reunió un mes después con el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, para pedirle que «la CUOTA analizase el expediente de la solicitud puntual de modificación del Plan urbanístico de Tapia de Casariego», solicitado por EMC, «para tratar de dar una solución definitiva a esos trámites mediante un pronunciamiento oficial de las administraciones». EMC quiere recordar que es fácilmente contrastable que este organismo ya se había pronunciado en el ámbito de la tramitación ambiental del proyecto recogiendo las calificaciones de los terrenos y la necesidad de abordar una modificación puntual en alguno de ellos.

Resulta extraño que el alcalde insista en hacer otro informe, a pesar de la existencia de uno previo, sin siquiera haber iniciado la tramitación de la modificación del PGOU como dictamina la Ley, ejerciendo su competencia urbanística y permitiendo el ejercicio de la  del Principado. El regidor se atrevió incluso a hacer una valoración urbanística a la salida de la reunión y aseguró a un medio de comunicación que su razón para solicitarlo era que en su momento el citado organismo «blindó» el PGOU, por lo que insistió que «no veo factible el desarrollo de la mina». Hay que recordar una sentencia del Supremo sobre el PGOU de Tapia de Casariego, que desmintió esta afirmación y de la que es perfectamente conocedor  el alcalde.

Para EMC, esta actitud del alcalde resulta incomprensible y lo percibe como una falta de respeto hacia sus votantes y hacia una compañía legalmente constituida y cuya dirección atesora una larga trayectoria profesional en el mundo de la minería en Asturias y a nivel nacional e internacional; aspecto que el alcalde conoce o debería conocer perfectamente.

El regidor, de hecho, incumple su promesa electoral, recogida en los medios: «Mi actitud como alcalde ante un proyecto para Tapia tiene que ser la de preguntar al promotor: ¿cómo te puedo ayudar? Y no paralizar su idea». Y además es también contradictoria con la de dirigentes de su propio partido, que en comunidades como Andalucía o Galicia potencian la actividad minera metálica sostenible, como es el Proyecto Salave.

Todo ello ha impedido que los responsables de EMC transmitan al regidor elementos fundamentales del proyecto y claves para el futuro de la comunidad que gobierna:

1. Creación de entre 150 y 200 empleos directos, preferentemente para residentes locales, Esto incluye la creación de 800 a 1000 empleos indirectos, especialmente durante la fase de construcción,
2.  Aportación de 400 millones de euros en contribuciones directas a lo largo de la vida del proyecto y un gasto inducido estimado de 32 millones de euros en sectores como la hostelería, restauración, comercio local, servicios locales auxiliares, talleres, combustible, calderería, ferralla, transporte, maquinaria, etc.
3. Ritmo de trabajo proyectado es de 365 días al año durante 24 horas diarias, lo que refleja el compromiso de los inversores por acelerar el desarrollo y maximizar los beneficios económicos para la comunidad.
4. La facturación estimada durante los 15 años de explotación podría alcanzar entre 2.500 y 3.000 millones de euros, lo que subraya la relevancia del proyecto para el bienestar de Tapia de Casariego y sus alrededores.
5. La propuesta también contempla un enfoque sostenible, asegurando que no habrá impacto en las Lagunas de Silva y que se utilizarán técnicas de producción que evitan el uso de productos cianurados. La producción del concentrado se realizará mediante métodos físicos, garantizando la seguridad ambiental y la salud de la comunidad.
6. Además, los beneficios no se limitan al ámbito económico. Se estima que la inversión generará más de 100 millones de euros en impuestos locales y regionales, que se canalizarán hacia las comunidades locales mediante propuestas como una Fundación gestionada por las entidades locales, financiada por un porcentaje de los beneficios obtenidos y revirtiendo en la comarca a través de recursos y actividades educativas, culturales y de impulso de otros sectores, como la vivienda, pesca o ganadería construyendo sinergias a largo plazo.
7. Recuperación del patrimonio cultural e histórico de la zona. Esto incluye la restauración de las Lagunas de Silva, la accesibilidad a través de senderos costeros y la valorización de restos históricos, como túmulos y edificaciones antiguas.