El Gobierno de Asturias alerta de que el bloqueo al decreto ómnibus «perjudica fiscalmente al medio rural, pone en riesgo la financiación autonómica y castiga a la industria»

PRINCIPADO
Guillermo Peláez, Marcelino Marcos y Nieves Roqueñí, han comparecido esta tarde para explicar las consecuencias que causa en el tejido económico de Asturias el «rechazo de los grupos de la derecha a la convalidación del decreto»

El Gobierno de Asturias ha alertado hoy de que el bloqueo al Real Decreto Ley 9/2024, conocido popularmente como decreto ómnibus, perjudica «fiscalmente al medio rural, pone en riesgo la financiación autonómica y castiga a la industria».

Los consejeros de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, han comparecido esta tarde para explicar los «daños» que causa en el tejido económico de Asturias el rechazo de «los grupos de la derecha a la convalidación del citado decreto». 

Explican que este rechazo incide de «manera directa sobre la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que realizan más de 20.000 personas que trabajan por cuenta propia». Profesionales autónomos como agricultores, ganaderos y transportistas podrían quedar fuera del régimen de módulos y acogerse al de estimación directa. Este último es un sistema fiscal mucho más complejo, que impone obligaciones administrativas desconocidas para quienes desarrollan su labor en el sector primario, y no contempla reducciones por circunstancias como los fenómenos meteorológicos adversos. 

Por otra parte, añaden que «el bloqueo al decreto paraliza también la elevación del límite para la aplicación del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el impuesto sobre el valor añadido (IVA)». En este sentido, estaba previsto que el umbral se elevara de 150.000 a 250.000 euros, una medida que se ha prorrogado cada año desde 2016 y que resulta «vital» para simplificar la gestión fiscal en estos sectores. 

El régimen especial permite a agricultores y ganaderos recuperar el IVA que soportan en los gastos de su actividad. La compensación se define mediante un porcentaje concreto aplicado al precio de venta de sus productos: del 12% para la agricultura y del 10,5% para la ganadería. En las circunstancias actuales, el bloqueo al decreto «deja a miles de profesionales fuera de ese régimen especial y les obliga a incorporarse al régimen general del IVA». 

Entregas a cuenta

Otra de las consecuencias, explican, del bloqueo del decreto es que las entregas a cuenta se mantienen congeladas, lo que pone en riesgo unos 500 millones para Asturias. El Gobierno del Principado confeccionó el presupuesto autonómico vigente en función de las entregas a cuenta previstas para 2025, por lo que si el cobro de esos fondos no se materializa podría provocar un serio perjuicio para las finanzas de la comunidad.  Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite que las comunidades de régimen común reciban por adelantado parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica. 

Impacto en la industria 

El rechazo a la convalidación del decreto ómnibus en su redacción inicial acarrea también, añaden, «un severo impacto en el tejido económico, porque queda en suspenso el descuento del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte de electricidad para la industria electrointensiva». Esta medida, vigente desde la crisis provocada por la invasión de Ucrania en 2022, reducía la tarifa respecto a otros países

También, precisan, se deja sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas aplazar hasta 2026 el cómputo de las pérdidas en las que habían incurrido como consecuencia de la pandemia. Esta medida tenía importantes efectos a efectos de balance y, en algunos casos, alejaba el riesgo de disolución. La paralización de ese mecanismo afecta, por ejemplo, a Duro Felguera. 

Tampoco, concluyen, seguirán vigentes la prórroga de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, lo que supone un freno al desarrollo de la movilidad sostenible y al proceso de descarbonización del sector del transporte.

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