El Gobierno local del Concello de Lugo aprobó de forma definitiva la actualización de tasas e impuestos que se aplicarán el próximo año. Esta decisión, con el voto en contra del Grupo Municipal Popular, fue tomada durante un pleno extraordinario celebrado esta mañana, en el que también se rechazaron las alegaciones presentadas por el Partido Popular en relación a estas ordenanzas fiscales de 2025.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentran el aumento del IBI, la plusvalía y las tasas de auga y alcantarillado. Al pleno asistieron vecinos y miembros de la Plataforma Non á Suba de Impostos, con la participación de más de medio centenar de personas, que expresaron su rechazo a la medida.
La portavoz popular, Elena Candia, defiende que «gobernar é decidir, e hoxe socialistas e nacionalistas decidiron que os lucenses paguen máis en 2025, trouxeron ao pleno de hoxe unha decisión política que o PP non apoia; logo dunha xestión derrochadora e de facer proxectos que non aportan nada á cidade e que nós rexeitamos».
Candia recriminó que el Gobierno «pida aos lucenses un esforzo de 4,5 millóns de euros para equilibrar as súas contas nun contexto no que ainda descoñecemos o proxecto de orzamentos e a data na que se celebrará o pleno para a súa aprobación, e cando descoñecemos tamén a data do pleno do debate do estado da cidade onde deben rendir contas».
Alegaciones del Partido Popular
La portavoz popular explica que el pleno extraordinario que se convocó fue para desestimar las alegaciones que presentó el Grupo Popular para impedir que se modificasen varias ordenanzas municipales, añadiendo que el voto a favor de socialistas y nacionalistas «consolida a suba de impostos que o Partido Popular non apoia».
Las alegaciones del Partido Popular se centraban en dos puntos principales. La primera, de carácter general, se basó en el informe del interventor municipal que recomienda adoptar medidas de contención de gastos innecesarios para evitar asfixiar aún más la economía de las familias, empresarios y autónomos lucenses que ya están «sufrindo as consecuencias das políticas do goberno local», explicaron.
En la segunda alegación, el PP proponía suprimir la plusvalía y establecer bonificaciones en el IBI para los terrenos rústicos de la zona rural que ahora pasarán a pagar como urbanos. Además, presentaron una propuesta de bonificación de hasta el 90% para las personas afectadas por el cambio de clasificación de terrenos rústicos en áreas de expansión, que ahora deberán pagar como superficie urbana a pesar de no disfrutar de los derechos asociados a esta clasificación hasta que se agoten las áreas del núcleo.
