El Partido Popular de Foz ha denunciado que el gobierno socialista local acumula más de 811.000 euros en facturas sin pagar correspondientes al año 2024. Esta situación ha sido reflejada en un informe desfavorable que recoge varios reparos a la gestión económica del actual ejecutivo municipal.
Según los datos del informe, más de 700 facturas presentan defectos en su contratación, destacando principalmente el abuso de contratos verbales, la falta de procedimiento administrativo adecuado y el fraccionamiento de contratos con el fin de evitar convocatorias de procesos abiertos con concurrencia.
"Estamos ante un auténtico despropósito na xestión administrativa", afirma el portavoz del grupo municipal popular, Javier Castiñeira, quien recuerda que esta situación ya fue denunciada anteriormente por su partido. "As consecuencias máis directas están a sufrilas as propias empresas contratadas, que levan meses, e incluso máis dun ano, sen cobrar polos seus servizos", añade Castiñeira.
El problema se ve aún más agravado por el hecho de que estos 811.000 euros serán cargados a los presupuestos prorrogados, ya que el gobierno socialista de Foz no ha presentado un nuevo presupuesto para el año 2025. Esto provoca un desequilibrio en las cuentas municipales. Como ejemplo, la partida destinada a las fiestas o a la propaganda y comunicación de 2025 se verá afectada por las facturas pendientes de las fiestas de 2024, lo que dificultará que las empresas contratadas este año puedan cobrar hasta el próximo ejercicio.
Ante esta situación, Javier Castiñeira exige al alcalde y su equipo que pongan más orden en las cuentas municipales y cumplan estrictamente con la legalidad, tal y como lo ha solicitado también el interventor municipal. "É hora de que asuman a súa responsabilidade e deixen de culpar ao persoal técnico, como fixeron na última Xunta de Voceiros", concluye el portavoz popular.
"En definitiva, estamos ante unha mostra máis da desidia e mala xestión do goberno socialista de Foz, que está a prexudicar gravemente tanto ás arcas municipais como ás empresas que prestan servizos ao Concello", sentencia Castiñeira.
