El diputado mariñano del PPdeG, José Manuel Balseiro, formulará una pregunta sobre esta problemática en el Pleno del Parlamento de Galicia de esta semana.
Los diferentes criterios que el Departamento de Costas del Estado aplica a la hora de autorizar determinadas infraestructuras hidráulicas, como por ejemplo las depuradoras de aguas residuales, dificulta la ejecución de estas obras en los concellos del litoral y puede hacer "que se perdan moitos cartos cos que financiar estes traballos".
Este es el motivo que lleva al diputado mariñano del PPdeG, José Manuel Balseiro, a formular una pregunta en la sesión del Pleno del Parlamento de Galicia prevista para esta semana. Con esta iniciativa, el parlamentario popular quiere conocer los obstáculos que encuentra la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, departamento del que depende Augas de Galicia, a la hora de ejecutar nuevas obras hidráulicas.
APOYO DE LA XUNTA A LOS CONCELLOS
Balseiro recuerda que la Xunta de Galicia es la administración que, más apoya a los concellos gallegos a la hora de gestionar los servicios municipales de saneamiento y abastecimiento. La colaboración puede ser técnica, impulsando la redacción de los proyectos, o económica, financiando estas obras y contribuyendo con fondos propios autonómicos y también fondos europeos, que requieren de un plazo muy concreto de ejecución que hay que respetar para no perderlos. De hecho, el Gobierno gallego reserva, en los presupuestos del próximo año, partidas millonarias –solo en la provincia de Lugo más de 15 millones de euros- para ejecutar obras como la nueva depuradora de Burela (2,6M€), la de Foz (5,6M€), o para mejorar las redes de saneamiento en Celeiro y Ribadeo que, en muchos casos requieren de permisos previos por parte de Costas del Estado.
En los concellos costeros los requerimentos técnicos de estas infraestructuras hidráulicas, y condiciones como la orografía y la necesidad de aprovechar las masas de agua, aconsejan, en la mayoría de las ocasiones, que depuradoras y potabilizadoras se instalen muy próximas al mar, en la primera línea del litoral, en muchos casos en la franja de dominio público marítimo-terrestre que gestiona Costas del Estado.
RECURSO CONTRA LA LEY DEL LITORAL
El Gobierno gallego buscó con una norma específica -la Ley de gestión del litoral- para ejercer sus competencias sobre esta franja, asumiendo la responsabilidad de autorizar estas obras y establecer así, desde Galicia, los criterios para otorgar estos permisos.
Por otra parte, el Gobierno Estatal presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que mantiene paralizada esta norma hasta que se pronuncie la justicia. Desde el PP señalan "O comportamento do Goberno Sánchez con Galicia é contraditorio ao que vén aplicando con outras comunidades autónomas como a do País Vasco ou no seu día, en Andalucía, onde o Estado si permite á administración autonómica xestionar o seu litoral, sen necesidade de modificar o Estatuto. No caso da comunidade vasca van incluso máis alá, no recente acordo de investidura o PSOE garante ao PNV a xestión total do seu litoral, a mesma razón pola que levou a Galicia ante o Tribunal Constitucional".
Balseiro pide al nuevo Gobierno de España que rectifique y permita a Galicia decidir sobre su zona costera y que no olvide que la zona más próxima al mar no puede convertirse en un parque temático. De hecho señala que, siempre con las máximas garantías ambientales, deben permitirse la continuidad de determinadas instalaciones en la costa, como son estas infraestructuras hidráulicas o instalaciones del sector mar-industria que tradicionalmente están emplazadas en el litoral.
